¿Quién le teme a CASTELLANOS?

La referencia a la obra que Edward Albee estrenó en 1962 no es más que un detalle, aunque de ningún modo menor, porque en el fondo el tema de esta columna también tiene que ver con las diferencias entre lo que algunas personas pretenden ser y en realidad son. El área de comunicación de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC) excluyó en forma deliberada a este diario de la rueda de prensa que ofreció el jueves último para brindar información a los asociados y a la opinión pública sobre el pedido de intervención de la institución que cursó la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe (IGPJ).
La pregunta que surge de manera obvia es por qué la entidad médico gremial no permitió a los periodistas de este diario concurrir al encuentro con los colegas para informar a los lectores y a la comunidad en general sobre los detalles de la drástica medida adoptada por el organismo provincial, teniendo en cuenta que CASTELLANOS es el medio de comunicación que más se ha ocupado de la situación de la entidad a lo largo de los últimos meses.
Al igual que en la obra teatral “¿Quién le teme a Virginia Wolf?”, los directivos de la AMDC sostienen que avanzaron sobre el derecho a informarse que tienen los lectores porque este diario impulsa una campaña de desprestigio que daña su buen nombre y honor, aunque en realidad, es probable que lo hayan hecho porque no se atreven a enfrentar a periodistas con quienes no tienen acordado de antemano qué deben o no deben preguntar.
La prueba más palmaria es que los directivos, al ser consultados por colegas que no adoptan una postura genuflexa, se negaron de manera insistente a revelar qué juez dio curso a la medida cautelar que presentaron para postergar la resolución adoptada por el Estado provincial.
Como viene sucediendo a lo largo de los últimos meses, los médicos asociados, los colegas periodistas y la comunidad en general, se enteraron a través de CASTELLANOS que la medida de no innovar fue adoptada en forma por lo menos cuestionable por un juez de circuito local que no tiene competencia en litigios que superen los 2.250 pesos. No es la primera vez que esto pasa, ya que la mayoría de los asociados se enteraron por estas páginas sobre por ejemplo el frustrado intento de creación de una mutual paralela, o sobre el fallo contrario a las pretensiones de la entidad que dictó la jueza del fuero Civil, Comercial y Laboral, Susana Rebaudengo, o de la revocatoria de la exención impositiva dispuesta por la AFIP, o de la veeduría que ordenó el INAES sobre la mutual o la resolución de la IGPJ que solicita la intervención de la institución la Justicia. Todos estos hechos son tan incontrastables que el argumento utilizado para desacreditarlos –el montaje de un complot- se cae irremediablemente.
Hace varios meses, cuando dimos a conocer el fallo de la jueza Rebaudengo, ignorado con persistencia servil por periodistas que se auto proclaman independientes pero tienen espacios radiales gracias a los avisos del Centro Asistencial y al “respaldo de la Asociación Médica del Departamento Castellanos”, hicimos hincapié en la advertencia de la magistrada sobre el ocultamiento de información por parte de los directivos a los asociados.
Pues bien, en la rueda de prensa a la que no pudimos concurrir por no estar invitados, los dirigentes volvieron a ocultarle información de trascendencia a los médicos asociados, ya que se negaron a revelar qué juez hizo lugar a la agónica medida de no innovar que presentaron para suspender y no para revertir en forma definitiva, la resolución de la IGPJ.
Como los personajes de la obra teatral de Albee, los directivos de la Asociación Médica aseguran ser una cosa pero son otra. En otras palabras, los auto proclamados buenos del negocio de la salud, a la luz de los hechos enumerados, en realidad no son tan buenos.
Se privaron de invitar a la rueda de prensa que organizaron a CASTELLANOS no tanto por sentirse ofendidos o agraviados, sino porque no quieren responder preguntas incómodas fundadas en hechos que pretenden mantener lo más lejos posible de la luz pública.
No es la primera vez que lo hacen ni es el único método que utilizaron para acallarnos: cuando nuestra investigación periodística comenzó a ser difundida primero nos intimaron en masa con una lluvia de cartas documento, después interrumpieron de manera intempestiva la pauta publicitaria que habían contratado de antemano y por último nos querellaron a través de su apoderado legal y trataron de asfixiarnos financieramente embargando nuestras cuentas publicitarias.
La primera vez que hablé con los directivos de la institución fue para brindarles la posibilidad de una réplica, luego que un lector denunciara que se encontraban creando una mutual paralela en secreto. Me pidieron que no los grabara, aduciendo cuestiones totalmente irrelevantes y me mintieron como pocas veces me han mentido en mi vida profesional, asegurando que se trataba de un proyecto que pensaban concretar en un futuro lejano, cuando en realidad hacía alrededor de seis meses que habían aprobado la propuesta y el estatuto de la nueva entidad. Semejante experiencia no me impide prestar atención a sus argumentos, aun cuando éstos solamente se basen en la descalificación lisa y llana y no resistan el peso de los hechos que desde este diario, casi en soledad, fuimos exponiendo al escrutinio público a lo largo de los últimos doce meses.
Simulan sentirse ofendidos pero en verdad temen confrontarnos en el terreno abierto de los argumentos, de los documentos y de los hechos. Por eso nos evitan y prefieren que no acudamos a las ruedas de prensa que organizan. Nuestras preguntan no solamente los incomodan sino que también los ponen en aprietos.
Creen ser los únicos que defienden a la institución cuando es probable que con sus acciones y omisiones en realidad sean quienes más dañan su prestigiosa imagen.