¿Quién controla a los que controlan?

CASTELLANOS reveló en su edición de ayer que la administración municipal colocó cámaras de vigilancia en la vía pública, sin brindar ninguna información oficial acerca de los fines perseguidos por la iniciativa.
La noticia generó una rápida respuesta de parte de las autoridades, entre ellas, el responsable del área de seguridad, José Caruso y del área de Informática, Sergio Peirone.
Llamativamente, los dos funcionarios no supieron explicar de manera exhaustiva las razones que provocaron que la colocación del sistema de vigilancia a través de videocámaras se realizara con total sigilo.
Caruso dijo por ejemplo que el sistema aún se encuentra en una fase de prueba y que por lo tanto no está funcionando, mientras que Peirone, solamente se refirió a la videocámara ubicada en la intersección de las calles San Martín y Lavalle que según explicó, está dedicada al monitoreo del tránsito vehicular, aunque no descartó que también pudiera ser utilizada para registrar los movimientos de los ciudadanos.
En ninguno de los casos los funcionarios consultados por medios de comunicación colegas, explicaron por qué motivo el proyecto de instalación del sistema de vigilancia a través de videocámaras no se publicitó en forma oficial.
Tampoco el intendente o algún funcionario de su gabinete salieron a explicitar las razones por las cuales la iniciativa comenzó a implementarse sin que antes se girara como propuesta al Concejo Deliberante, algo que bien podría considerarse como un error grosero.
La implementación de este tipo de sistemas de control implica un avance del Estado sobre la privacidad de los ciudadanos y por lo tanto no deben utilizarse sin el respaldo legal y las garantías necesarias.
La administración municipal no debe por lo tanto avanzar sobre el tema sin siquiera debatirlo en el Concejo Deliberante, dado que implica un avance sobre los espacios públicos y por lo tanto la privacidad de las personas.
Lo mejor que podría hacer el gobierno municipal, por lo tanto, es dar marcha atrás con el asunto y encausarlo a través de las vías institucionales adecuadas. Solamente de esa manera, el control que se quiere implementar será controlado debidamente por los ciudadanos.