El caso Ben Hur y el rol de la prensa

La cobertura del denominado caso de la Mutual Ben Hur planteó desde sus inicios serias dificultades a los medios de prensa locales. Inmediatamente después de que estallara el conflicto, por desconocimiento o por interés, los dos diarios de la ciudad tomaron caminos tan opuestos como equivocados.
Fiel a su estilo, CASTELLANOS optó por ofrecer un relato crudo de lo que pasaba, mientras La Opinión apostaba, una vez más, por el silencio, privilegiando sus intereses comerciales por sobre el interés general de la comunidad.
Esta situación se mantuvo durante meses, aunque obviamente, con ligeras variaciones que fue provocando la propia evolución del caso y los intereses que se fueron creando en torno al problema.
Fue así como CASTELLANOS se transformó en una suerte de vocero de un grupo minoritario de afectados a los que con cierta displicencia deliberada llamó “los ahorristas”, desviando por completo la cobertura del hecho noticioso.
A modo de autocrítica, hay que decir que la parcialidad de los periodistas que se ocuparon del tema fue tal que ni siquiera redujeron su punto de vista a uno de los dos actores principales, sino a una parte minoritaria de uno de ellos.
Esta falla se agudizó a la hora de cubrir el concurso preventivo de la institución, dado que por desconocimiento primero y luego por interés, se lo confundió con un proceso penal, donde necesariamente debe haber un acusado que puede o no ser condenado por el juez.
Aprovechando la angustia de los ahorristas, los periodistas a cargo de la cobertura finalmente se terminaron transformando en instrumentos de un estudio jurídico que, como quedó demostrado después, estaba más interesado en provocar la quiebra de la institución que en asesorar en forma ecuánime a sus representados.
Afortunadamente, la dirección de este diario advirtió la desviación a tiempo y sin censurar a los ahorristas que promueven la quiebra, amplió y equilibró la cobertura, haciéndola más precisa e imparcial.
El cambio más importante, sin embargo, fue la separación de la cobertura del concurso preventivo de la causa penal iniciada contra directivos de la institución, ya que como quedó dicho, persiguen fines totalmente diferentes. Curiosamente La Opinión se extravió en el mismo camino que transitó CASTELLANOS varios meses antes, hecho que queda demostrado en la denominación que da al concurso preventivo, que es presentado ante sus lectores como “causa Ben Hur”.
En el caso del concurso preventivo la finalidad no es comprobar la existencia de delitos y dictar la consecuente condena o absolución, sino generar un marco de negociación entre las partes involucradas que permitan evitar la quiebra de una empresa o, como en este caso, una institución. Lo que se procura preservar a través de un acuerdo razonable de pago, es la empresa o institución en tanto capital social.
El cambio llegó a tiempo y fue sumamente acertado, dado que como ha quedado demostrado por estos días, “los ahorristas” no eran más que una minoría dentro del conjunto heterogéneo de afectados, la mayoría de los cuales se terminaron expresando a favor del acuerdo y en contra de la quiebra de la institución.
Mientras este diario corregía su posición respecto del conflicto, nuestra competencia tampoco se quedaba de brazos cruzados y al silencio original le siguió una apertura gradual hacia los ahorristas que pretenden la quiebra, a quienes se les permitió expresar sus puntos de vista.
Lamentablemente, por intereses totalmente ajenos al caso, La Opinión terminó enrolándose a favor de la postura minoritaria llegando por estos días sugestivamente a dar amplia difusión a una presunta denuncia presentada contra la jueza a cargo del concurso que serviría para solicitar su remoción, un acto que aparentemente desnudaría la falta total de convencimiento de sus editores respecto de la independencia de la Justicia.
CASTELLANOS evitó en todo momento ejercer presión alguna sobre la jueza Beatriz Abele no solamente porque creemos en la independencia de los jueces, sino especialmente porque nunca asumimos el rol nefasto del supuesto “cuarto poder”.
También entendemos que difícilmente un juez pueda enviar a la quiebra a una institución mutualista que cumple un rol destacado dentro de la comunidad, apoyándose solamente en cuestiones procesales y desconociendo la voluntad de la mayoría de los acreedores, porque como se dijo, el espíritu de la ley apunta precisamente a preservar las empresas e instituciones por su intrínseco valor social.
El caso de la Mutual de Libertad de Sunchales, resuelto exitosamente en estos mismos Tribunales, demuestra que el acuerdo preventivo es la mejor opción y que el desguace no solamente no garantiza el pago a los afectados, sino que además le arrebata una institución solidaria a la comunidad.Como suele ocurrir en casos complejos como éstos, los periodistas y medios de comunicación rafaelinos fuimos aprendiendo sobre la marcha, aunque obviamente cometimos errores. En el caso de este diario tenemos la libertad y también la responsabilidad necesaria para enunciar una autocrítica, un gesto que esperamos pueda ser valorado no solamente por una minoría, sino por el conjunto de la sociedad.